25 may. 2016

Entrevista a Soledad Deza, defensa de Belen, sobre el rechazo del pedido de cese de prisión preventiva


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Belén, la joven tucumana de 28 años condenada a 8 años de prisión por homicidio luego de ingresar hace dos años al Hospital Avellaneda con un aborto espontáneo, sufrió un nuevo embate. El Tribunal integrado por los jueces Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas rechazó el cese de prisión preventiva que mantiene recluida a Belén desde marzo 2014.

Soledad Deza, abogada defensora de Belén, expresó su rechazo ante la decisión de los jueces que intervienen en la causa, quienes denegaron el pedido de cese de prisión preventiva. Deza señaló que la Justicia no tuvo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad social en las que se encuentra Belén.
 “El fundamento que esgrime el Tribunal para no otorgar el cese de prisión preventiva a Belén está dado por una supuesta peligrosidad de fuga. Lo que significa que tiene condiciones sociales suficientes que harían presumir que ella puede fugarse” explicó Deza, y agregó: “Belén pertenece a una familia que tiene una casa propia desde hace 20 años pero (el Tribunal) no consideró que su mamá es empleada doméstica y su papá tiene trabajo independiente como herrero, y con 6 hermanos. O sea, éste solo elemento habitacional le alcanzaría al Tribunal para mostrar una capacidad económica suficiente para fugarse. Esta condición de vulnerabilidad no se ha valorado”.

La abogada recordó que,  que al momento de ordenar la prisión preventiva para Belén el 22 de abril de 2014, la Justicia tucumana no tuvo en cuenta el peligro de fuga o la posibilidad de que la joven perjudicara la investigación de alguna manera, sino que destacaron que habrían existido pruebas para considerarla una presunta autora de un delito.

“Nos parece importante mostrar que lo único que se valoró en su momento para resolver la restricción de la libertad de Belén no resistía un test jurídico, por eso lo sometimos a exámenes”, contó la letrada, y añadió: “Hay antecedentes que dicen que estas restricciones deben estar fundadas. Y lo que se lee del fundamento es que para el Tribunal, Belén no es tan pobre como para no fugarse, porque su familia vive en una casita”.
Deza destacó que el caso recibió la atención de diferentes organizaciones sociales nacionales y de otros países, incluyendo a Amnistía Internacional Argentina, y que este dato no puede ser ignorado por el Estado y la Justicia. También, mencionó el encuentro que mantuvo con Juan Méndez, el relator de la ONU contra la tortura, en el marco de una charla con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. “La presencia del relator de la ONU es muy sustancial para el movimiento de mujeres, porque es el que inicialmente identificó cuestiones como la negativa de abortos permitidos por la ley, el acto de requerir confesiones por parte de las pacientes condicionando su atención o violar el secreto profesional. Él es el primero que los identifico en el año 2012 como actos de tortura”, indicó Deza.

Soledad Deza, logró precisar que la clave del caso de Belén es “la criminalización de una mujer pobre a manos de gente con poder, como es un equipo de salud en una situación en la que hay una paciente que presenta vulnerabilidad social. Por esto es que hay un gran consenso aun con un tema como el aborto, que puede registrar disidencias. Esto nos muestra el poder biomédico a la hora de construir realidades, de legitimar derechos, de legitimar planes de vida”.


Recordó que el viernes 27 de mayo a las 18 horas se realizará una movilización desde Tribunales Penales hasta Plaza Independencia por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, durante la cual pedirán justicia por Belén.